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el conflicto que desafía los controles de Cristina


La primera negociación salarial del año comenzó con un paro general que frena la entrada de dólares. La puja por recuperar el terreno perdido.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se prepara para pasar las fiestas con una mano en el pan dulce y otra en el celular. Después levantarse el paro de trenes del martes, el conflicto salarial que paraliza la actividad agroexportadora se convirtió en su principal preocupación. «Es el tema que le queda pendiente resolver a Moroni», reconocen en la cartera laboral.

Desde hace dos semanas, los puertos de granos están parados. Eso incluye a las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, Cofco, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD), como a las plantas que proveen el mercado interno, representadas por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-Cecc) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPCC).

El motivo de la huelga es el reclamo de un aumento global del 35% por parte de la poderosa Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera y Desmotadores de Algodón, liderada por Daniel Yofra. Después de obtener un 25% a principio de año y vencida la revisión prevista en agosto, el gremio busca llevar el salario mínimo de $68.675 a $74.446 en diciembre, una suba del 10%.

La fuerza de la protesta reside en la confluencia con el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). En octubre, por primera vez en la historia, la federación aceitera hizo una alianza con la organización del mayor puerto del país y la entidad encargada de la exportación de granos sin procesar.

Fruto de ese acuerdo, el pliego sumó el reclamo de un bono anual de $70.000 y una compensación por pandemia de $100.000. Yofra además pide una suba del 25% a partir del 1 de enero por el 2021, con renegociación en agosto. Pero el conflicto se profundizó tras el rechazo de la última oferta empresaria. Así, los gremios compartirán el pan dulce en los portones de las fábricas.

«Los trabajadores y trabajadoras, nuestras familias, pasaremos la navidad en la huelga, única herramienta de la clase trabajadora para lograr sus objetivos, defendiendo lo que nos llevó años conseguir: un salario que cubra nuestras necesidades y que nos permita una vida digna», anunciaron este miércoles las tres organizaciones.

En las últimas horas, se sumaron al paro en San Lorenzo una decena de gremios. Desde portuarios y vigiladores privados hasta la marina mercante y gastronómicos.

Con 100 buques parados y 5.000 camiones en espera, el conflicto en los puertos es el más largo desde el 2015.

Tensión con el Gobierno

Los empresarios ratificaron el martes su propuesta previa de un incremento no remunerativo del 4% en noviembre y 6% en diciembre, que pasaría al básico en enero de 2021. El ofrecimiento contempla un único bono por pandemia no remunerativo de $60.000 en cuotas mensuales. Y para el año próximo, un 25% en tres tramos no remunerativos (13% en enero, 6% en abril y 6% en julio). 

Con más de 100 buques parados y 5.000 camiones sin acceso a los embarques, el sector privado cifró sus pérdidas en torno a u$s100 millones por día. «Estimamos más de 1.700 millones de dólares en demoras, de las que naturalmente se podrá recuperar una parte al enviarse al exterior los embarques hasta ahora paralizados», aseguraron a iProfesional desde Ciara.

El conflicto complica la liquidación de divisas en un momento de tensión entre las exportadoras y el Gobierno. La resolución 132/20 estableció hace tres semanas la obligación de liquidar divisas en el mercado de cambios como requisito para mantenerse en el Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un trámite indispensable para operar con ventas al exterior.

Por otra parte, Cristina Kirchner llamó en su último mensaje a «alinear salarios, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas», una directiva que en el sector despertó el temor a una mayor regulación de las exportaciones. En ambos casos, se trata de señales de endurecimiento ante el fracaso de las medidas para conseguir dólares sin devaluar.

En lo que va del año, las divisas aportadas por la agroindustria retrocedieron un 13,5% interanual, al acumular u$s18.583 millones. La falta de acuerdo en los puertos no hizo más que sumar presiones y suspicacias. Las cámaras advierten que las medidas de fuerza «bloquean la exportación y, consecuentemente, el ingreso de divisas».

Para los gremios, en cambio, las patronales son las intransigentes. Su lectura es que buscan «disciplinar» los reclamos salariales y garantizarse de que el repunte económico «se lo quedarán las empresas». Cerca de Yofra afirman que el pedido es similar al de los últimos cuatro años.

En ese período, Mauricio Macri bajó las retenciones y se llegó a un arreglo en cada negociación. No hubo un conflicto como en el 2015, cuando la huelga se extendió por 25 días. Según las organizaciones, el parate de las exportaciones apunta a «extorsionar» al gobierno e incluso «desestabilizarlo».

Desde la crisis de Vicentin, Alberto Fernández no logró avanzar en un acuerdo duradero con el Consejo Agroindustrial. Pese a la baja temporal de retenciones y las compensaciones a los productores, el pool de los «fabricantes» de dólares insiste en la aprobación de su proyecto de ley para bajar aún más esos impuestos y llevarlos a cero en 10 años. 

El paro en la agroindustria coincide con la pelea entre el sector con el gobierno por el dólar y las retenciones.

Paritarias 2021

Las demandas gremiales, por otra parte, representan un desafío al plan de «desindexación» de Martín Guzmán. Bajo ese esquema, se eliminaron las cláusulas gatillo y el grueso de las paritarias cerró por debajo del 35% de inflación prevista en 2020. Los aceiteros buscan romper con esa dinámica y piden un 25% de aumento en el inicio del 2021 para obtener un piso salarial de $93.279 y volver a sentarse en agosto.

Para definir el salario mínimo, no utilizan ni la inflación pasada ni la inflación futura. Lo calculan a partir de la Encuesta de Hogares del INDEC y toman como referencia el artículo 14 bis de la Constitución, por el que un trabajador sin cargas de familia debe percibir una remuneración que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Eso significa que su estimación es aplicable a todas las actividades y no sola a los aceiteros, un criterio que podría entrar en cortocircuito con los controles de precios impulsados ahora por Cristina.

La preocupación de la vicepresidenta por coordinar salarios, tarifas y dólar implicó en 2007 la intervención del INDEC y el acuerdo con el entonces líder de la CGT, Hugo Moyano. El camionero se convirtió así en el gremio más poderoso, capaz de acoplar el grueso de las paritarias detrás de la pauta oficial.

La fijación de un «techo» informal no fue gratuito para los gremios. En más de una ocasión derivó en fuertes choques con los bancarios y los maestros, de los primeros en negociar. «Los que hacen un paro se olvidan de los que menos ganan», apuntó la entonces mandataria en 2015 contra los primeros.

El duro conflicto con las exportadoras anticipa un 2021 marcado por varias tensiones. Una de ellas, sin dudas, será la intención de los asalariados de recuperar el terreno perdido en materia de ingresos.



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Written by Redacción

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