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El futuro de Edesur, tras el primer gran apagón del verano


Mientras la distribuidora habla de atentado, desde el kirchnerismo preparan una nueva embestida para forzar la salida de sus accionistas

El masivo apagón que dejó sin luz a más de 300.000 hogares que reciben el servicio de electricidad de Edesur en la Capital Federal no llegó en un buen momento para la empresa distribuidora que es propiedad del grupo italiano Enel.

Fue el primer corte fuerte de energía de los últimos años, anticipando un proceso que podría volverse común con las altas temperaturas del verano 2020-2021.

De hecho, las empresas de este sector vienen advirtiendo que de continuar el congelamiento de tarifas, no aseguran el proceso de inversiones necesario para mejorar el servicio y evitar interrupciones como las que se generaron durante casi cuatro horas de la tarde de este martes 22 de diciembre.

Es más, en noviembre pasado el country Manager de Edesur, Nicola Melchiotti, advirtió que el sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia.

«Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros», dijo el ejecutivo en un comunicado que explicaba las millonarias pérdidas que la distribuidora acumula en lo que va del año y que llegan a los $3504 millones, entre enero y septiembre pasados.

La advertencia tiene su basamento en la decisión del Gobierno de mantener el congelamiento, por lo menos hasta abril del año próximo, extendiendo la falta de adecuación del costo de la electricidad por dos años que se acumularán a los 13 años que también fueron frenados los aumentos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Solamente durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri hubo algunas adecuaciones como parte de negociaciones que las empresas distribuidoras llevaron a cabo con el gobierno de Cambiemos para renegociar tarifas y los contratos de concesión.

Sin embargo, tampoco esos acuerdos permitieron a las compañías mejorar sus endebles situaciones financieras, al punto que hoy la energía argentina es la más barata de toda América latina mientras los costos que deben enfrentar las distribuidoras se incrementaron año a año siguiendo el proceso inflacionario que tiene la economía del país.

El corte de luz afectó a la zona centro y sur de la Ciudad

El corte de luz afectó a la zona centro y sur de la Ciudad

Estrategia oficial

No se trata de una ecuación surgida de malas políticas estatales sino de una estrategia oficial que considera a la energía como esencial para el desarrollo del país y que entiende que su devenir debe estar controlado por el Estado y no por el libre mercado de la oferta y la demanda.

Por eso, mientras Edesur abrió una investigación para evaluar si este último corte de energía fue un producto de un atentado, en el Instituto Patria ya hablan de acelerar el embate final contra los dueños de la distribuidora.

En el sector kirchnerista dicen que la empresa «miente» al sostener que el corte de luz masivo en la zona sur-oeste de la Ciudad de Buenos Aires se produjo debido a un incendio intencional que afectó líneas de alta tensión.

La distribuidora explicó que el origen fue «una quema de pastizales próximos a un puesto de interconexión eléctrica ubicado cerca del Autódromo porteño, en el barrio de Villa Lugano».

El corte afectó mayormente a los barrios del oeste y centro geográfico y sur de la ciudad, entre ellos a Liniers, Caballito, Villa Luro, zona del Autódromo, Villa Lugano, Almagro, Barracas, Boedo, Mataderos, Monte Castro, Parque Patricios, Versalles, Villa del Parque y Villa Devoto; todos donde presta el servicio eléctrico la empresa Edesur.

Pero más allá de estas explicaciones, la orden de CFK fue clara y contundente: salir fuerte contra Edesur y sus accionstas.

¿El objetivo?. Cumplir con el plan que quedó trunco en el 2015, cuando Mauricio Macri ganó las presidenciales, impidiendo al kirchnerismo estatizar o expropiar las operaciones de la distribuidora.

El avance sobre la compañía sigue siendo liderado por Cristina Kirchner, a través de varios miembros de la usina de pensamiento K, donde la vicepresidenta tiene su oficina y en donde funciona el «think tank» que hace las veces de vocero e intérprete del pensamiento de la esposa de Néstor Kirchner.

En ese petit hotel ubicado en la calle Rodríguez Peña 80, se cocinan los planes y el toda la rosca política que este sector del gobernante Frente de Todos busca transformar en estrategias de Estado.

Y el caso Edesur es uno de los que más trascendencia ha cobrado durante este año de pandemia, cuarentenas y distanciamiento social.

El plan del núcleo duro K de la alianza gobernante es lograr que Enel deje la concesión mediante la estatización o la expropiación.

No se trata de un objetivo fácil de alcanzar por varios motivos vinculados a razones legales que deberían sustentar semejante acto. Sin embargo, todo es posible en un país que acostumbra a violar las normas, o al menos modificarlas sustancialmente con cada cambio de gobierno.

Quienes consideran que se debe continuar con este plan entienden que Edesur lleva 28 años con la concesión «y nunca hizo inversiones». Dicen que con Macri «se llenaron de plata y es el Gobierno el que, como debe poner la cara con cada corte de luz«, tal como lo sostuvo uno de los intendentes del conurbano bonaerense que, en julio pasado, encabezó una cruzada para reclamar la salida de Enel.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue el principal impulsor de visibilizar los reclamos contra Edesur e incluso compartió un video criticando a la empresa con la canción Oh L’Amour, de Erasure.

La realidad es que la compañía no dejó de realizar inversiones en su sistema y en su infraestructura, acumulando desembolsos por casi u$s3000 millones que han permitido reducir los cortes de energía que se producían, por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Actualmente, el promedio anual de corte por usuario es de 16 horas para el servicio de Edenor y de 19,20 horas para Edesur. Para comparar: mientras que en los años 90 cuando el sistema eléctrico tenía mayores inversiones, el promedio era de 10 horas, en el verano de 2013, el peor momento del servicio, el tiempo de corte saltó a 32,60 horas.

«Desde 2016 reducimos la duración de los cortes en un 40%», avisaron desde la compañía en aquel momento.

el caso Edesur es uno de los que más trascendencia ha cobrado durante este año de pandemia, cuarentenas y distanciamiento social

El caso Edesur es uno de los que más trascendencia ha cobrado durante este año de pandemia y distanciamiento social

Por eso es que desde el sector oficialista que apoya al presidente Alberto Fernández se «cajoneó» el tema y se prefirió el camino del diálogo con los ejecutivos de la compañía para alcanzar un acuerdo sobre las inversiones a corto plazo para la provincia de Buenos Aires.

Pero a partir de la sanción del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que abrió la puerta a un nuevo proceso de renegociación tarifaria y extendió el congelamiento por otros 90 días a partir de enero próximo, el escenario dialoguista cambió.

El Presidente escuchó a su mentora y permitió el regreso de quienes impulsan un cerco sobre Edesur para obligar a sus dueños a irse de la Argentina, ya sea mediante la venta de sus acciones o a través de la tan mentada estatización-expropiación.

El apagón de este martes sumará al listado de fallas y errores que cuentan quienes están detrás de esta cruzada y que entienden que el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) no debe creer la teoría del atentado que enarbolan desde Edesur y tiene que abrir un proceso que lleve a aplicarle a la empresa una nueva multa millonaria.

Hasta ahora, el ente que dirige una funcionaria afín a la mirada de CFK sólo se ha expresado a través de un comunicado en su página web en el cual avisa que «se encuentra realizando las inspecciones y verificaciones in situ para determinar con precisión el origen de la falla».

Es decir, lejos está el organismo de coincidir con la teoría conspirativa de Edesur y seguramente en los próximos días se conocerán más dato del proceso que se le abrirá a la compañía y que seguramente derivará en una nueva sanción económica.

Desde el lado de la política fue el el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, quien tomó la delantera y presentó un pedido de informes para que Edesur responda acerca de «la cantidad de reclamos presentados por usuarios que recibieron aumentos indebidos durante 2020, por falta de inversiones y quejas por la deficiente prestación del servicio de electricidad que la compañía debe proveer a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires».

Fuentes oficiales dicen que heredaron alrededor de 40.000 reclamos contra Edesur del gobierno anterior, lo que se suma a que durante este año el ENRE le aplicó cuatro multas a la distribuidora por un total que se acerca a los $500 millones, en todos los casos por reclamos de años anteriores.

Si bien es común que las empresas no cancelen la sanción de manera inmediata, sí lo es que este tipo de decisiones deterioran el balance de las empresas limitando sus posibilidades de inversión y manutención.

Edesur, por su parte, reclama una deuda de más de $3000 millones por el consumo de energía eléctrica en los asentamientos precarios, que se sigue acumulando desde 2011 y por la cual no hubo respuesta ni de la provincia de Buenos Aires ni de los municipios.

Además, los números de la compañía no son de los mejores. Desde hace ya tres años, Enel financia las operaciones con aportes cercanos a los $8000 millones y en lo que va del 2020 acumula pérdidas por $3509 millones, una gran diferencia con las ganancias de $14.914 millones que tuvo en el mismo periodo del 2019.

En detalle, los ingresos de la empresa registraron una disminución del 26% como «consecuencia del congelamiento tarifario vigente y varias medidas impuestas por DNU durante la pandemia».

En consecuencia, las inversiones cayeron 44% en la comparación interanual, de $11.053 millones en los primeros nueve meses de 2019 a $6216 millones este año.

Es probable que los desembolsos se sigan reduciendo por el extendido horizonte que promete el congelamiento y a pesar de que, según las empresas distribuidoras, las tarifas deberían aumentar entre 30% y 35% solo para recomponer el atraso de 60% (por la inflación acumulada).



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Escrito por Redacción

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