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La concesionaria de autopistas del Gobierno busca financiamiento


Se trata de la sociedad estatal que operará la concesión de 7000 kilómetros de rutas que habían formado parte de los PPP de Macri

Mientras define si la Panamericana y el Acceso Oeste seguirán en manos privadas o pasarán a la órbita estatal, el Gobierno acaba de definir la estructura organizativa de su propia operadora de autopistas.

Lo hizo a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1036/2020 en el Boletín Oficial de este miércoles 23 de diciembre y con la excusa de que el sistema de corredores viales es un servicio público que debe ser ofrecido «poniendo especial énfasis en la concreción de las condiciones de eficiencia y calidad exigidas por las normas reglamentarias y la ponderación de la seguridad vial y defensa de los derechos de los usuarios y las usuarias, trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general».

En concreto, este nuevo DNU le transfiere la operación de las concesionarias que operaban cerca de 7000 kilómetros que habían formado parte de los contratos de Participación Público Privada (PPP) que había organizado el anterior gobierno de Mauricio Macri en el 2018.

Todas esas rutas fueron estatizadas y la operación será encabezada por Corredores Viales, que depende de Vialidad Nacional, ente bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.

Cómo es el nuevo esquema

A partir de ahora, Corredores Viales pasó a controlar y operar esos seis corredores viales por un plazo de 10 años, contemplando además la posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos.

Como parte del mismo contrato, la sociedad estatal incorpora a todo el personal en relación de dependencia con los contratistas PPP.

La decisión de estatizar seis corredores viales que estaban en manos de empresas privadas se tomó luego de una auditoría hecha sobre los contratos impulsados por la anterior gestión bajo el denominado Proyecto «Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1».

Un plan de obras que se estimaba entre los u$s5000 millones y u$s6000 millones, y que involucraba a las empresas Concesionaria Vial Cruz del Sur; CCA Green; Vial Andes; Corredor Panamericano y Ausur para los corredores viales nacionales «A», «B», «C», «E», «F» y «SUR», respectivamente.

El plan implicaba obras en más de 2500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1494 km) y obras especiales (252 km).

En todos los casos, el ministerio que dirige Gabriel Katopodis llegó a sendos acuerdos con las empresas para extinguir por mutuo acuerdo los contratos de diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de todas esas rutas.

Hace unas semanas el propio Katopodis había anticipado la iniciativa, al criticar los PPP de Macri y asegurar que «fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero, con obras que tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y que le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares».

De esta forma, Vialidad Nacional asumió las operaciones de los seis corredores que abarcaban la totalidad de lo comprometido en el régimen de los PPP, quedando solamente concesionados a empresas privadas los tramos que corresponden a las operaciones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambas propiedad del holding español Abertis.

En ambos casos, Obras Públicas también puso bajo revisión el contrato que firmaron con el gobierno de Cambiemos mediante el cual se les extendieron las concesiones por otros 30 años y se les conmutaron ciertas deudas a cambio de un ambicioso plan de inversiones.

Hasta ahora, no hubo una definición sobre el camino que el presidente Alberto Fernández tomará en estos dos casos pero la estatización de otros tramos podría jugar como antecedente. De todos modos, será una decisión más política que técnica la que deberá tomar el Jefe de Estados sobre el futuro de las sociedades que actualmente explotan las concesiones de la ruta Panamericana y el Acceso Oeste.

Mientras tanto, Vialidad Nacional se encuentra terminando de redactar un plan de obras para las autopistas estatales con el objetivo de obtener un financiamiento adecuado para encarar el proceso en los próximos años.

El Gobierno avanza con importantes cambios en el ámbito de Vialidad.

El Gobierno avanza con importantes cambios en el ámbito de Vialidad.

Si bien no se conoce el monto que las autoridades saldrán a buscar ante organismos de crédito internacionales o bancos extranjeros y también locales, el objetivo propuesto es el de garantizar la conservación y mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas, «asegurando los servicios de asistencia al usuario y a la usuaria y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general», tal como lo establece el DNU presidencial.

Todo el proceso será canalizado por Corredores Viales, sociedad estatal creada en el 2017 y cuyo capital social se distribuye entre el Ministerio de Obras Públicas (51 %) y la Dirección Nacional de Vialidad (49 %), y que opera la autopista Riccheri.

Ya el 4 de diciembre pasado, el directorio de Corredores Viales le entregó a Vialidad Nacional una carpeta con las necesidades financieras para atender los trabajos en su zona de concesión a partir de haber absorbido los nuevos corredores viales, en un contexto de prestación de servicios con las restricciones propias de la pandemia de COVID-19 y su impacto sobre la disminución del tránsito y la recaudación por peaje.

En este sentido, y al no haber recibido subsidios o subvenciones del Estado Nacional, el informe de la sociedad estatal estimó un desfasaje operativo entre ingresos y egresos cercano a los $2000 millones para el cierre del ejercicio financiero de este año y el inicio del 2021, incluyendo el impacto proyectado por la asunción de los nuevos corredores viales asignados.

Además, la extinción de los seis contratos PPP dejó pendiente de ejecución diversas obras necesarias para la conservación, mantenimiento y ampliación de capacidad de los corredores viales nacionales, lo cual hace necesario la obtención de nuevas vías de financiamiento.

De hecho, en el DNU se sostiene que extinguidos los acuerdos y dado el avance mínimo de las obras, muy por debajo de los compromisos asumidos por los ex contratistas PPP, «resulta necesario disponer, con la urgencia que el caso amerita, de fondos que permitan solventar las obras y el mantenimiento de los corredores viales bajo el nuevo régimen que se propicia, como parte del Sistema Vial Integrado».

A partir de estos postulados, el DNU también establece cambios a los contratos de fideicomiso que se firmaron bajo el marco de los PPP para poder reasignar recursos provenientes del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y que iban a ser destinados al financiamiento de los contratos firmados por el macrismo. Es decir, las modificaciones se aplicarán en el llamado Fideicomiso de Participación Público-Privada, instrumentado por el Decreto Nº 153/18.

A estos fondos se sumarán los generados por el pago de las tarifas que se aplicarán a los usuarios; los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y las subvenciones, subsidios o transferencias de aportes del Estado Nacional.

Corredores Viales

La concesionaria estatal de autopistas busca cerrar un plan de financiamiento

Se trata de la sociedad estatal que operará la concesión de 7000 kilómetros de rutas que habían formado parte de los PPP de Macri

Mientras define si la Panamericana y el Acceso Oeste seguirán en manos privadas o pasarán a la órbita estatal, el Gobierno acaba de definir la estructura organizativa de su propia operadora de autopistas.

Lo hizo a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1036/2020 en el Boletín Oficial de este miércoles 23 de diciembre y con la excusa de que el sistema de corredores viales es un servicio público que debe ser ofrecido «poniendo especial énfasis en la concreción de las condiciones de eficiencia y calidad exigidas por las normas reglamentarias y la ponderación de la seguridad vial y defensa de los derechos de los usuarios y las usuarias, trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general».

En concreto, este nuevo DNU le transfiere la operación de las concesionarias que operaban cerca de 7000 kilómetros que habían formado parte de los contratos de Participación Público Privada (PPP) que había organizado el anterior gobierno de Mauricio Macri en el 2018.

Todas esas rutas fueron estatizadas y la operación será encabezada por Corredores Viales que depende de Vialidad Nacional, ente bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.

A partir de ahora, esta sociedad estatal pasó a controlar y operar esos seis corredores viales por un plazo de 10 años, contemplando además la posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos.

Como parte del mismo contrato, Corredores Viales incorpora a todo el personal en relación de dependencia con los contratistas PPP.

La decisión de estatizar seis corredores viales que estaban en manos de empresas privadas se tomó luego de una auditoría hecha sobre los contratos impulsados por la anterior gestión bajo el denominado Proyecto «Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa 1».

Un plan de obras que se estimaba entre los u$s5000 millones y u$s6000 millones, y que involucraba a las empresas Concesionaria Vial Cruz del Sur; CCA Green; Vial Andes; Corredor Panamericano y Ausur para los corredores viales nacionales «A», «B», «C», «E», «F» y «SUR», respectivamente.

El plan implicaba obras en más de 2500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1494 km) y obras especiales (252 km).

En todos los casos, el ministerio que dirige Gabriel Katopodis llegó a sendos acuerdos con las empresas para extinguir por mutuo acuerdo los contratos de diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de todas esas rutas.

Hace unas semanas el propio Katopodis había anticipado la iniciativa, al criticar los PPP de Macri y asegurar que «fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero, con obras que tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y que le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares».

De esta forma, Vialidad Nacional asumió las operaciones de los seis corredores que abarcaban la totalidad de lo comprometido en el régimen de los PPP, quedando solamente concesionados a empresas privadas los tramos que corresponden a las operaciones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambas propiedad del holding español Abertis.

Los peajes, bajo la lupa del Gobierno.

Los peajes, bajo la lupa del Gobierno.

En ambos casos, Obras Públicas también puso bajo revisión el contrato que firmaron con el gobierno de Cambiemos mediante el cual se les extendieron las concesiones por otros 30 años y se les conmutaron ciertas deudas a cambio de un ambicioso plan de inversiones.

Hasta ahora, no hubo una definición sobre el camino que el presidente Alberto Fernández tomará en estos dos casos pero la estatización de otros tramos podría jugar como antecedente. De todos modos, será una decisión más política que técnica la que deberá tomar el Jefe de Estados sobre el futuro de las sociedades que actualmente explotan las concesiones de la ruta Panamericana y el Acceso Oeste.

Mientras tanto, Vialidad Nacional se encuentra terminando de redactar un plan de obras para las autopistas estatales con el objetivo de obtener un financiamiento adecuado para encarar el proceso en los próximos años.

Si bien no se conoce el monto que las autoridades saldrán a buscar ante organismos de crédito internacionales o bancos extranjeros y también locales, el objetivo propuesto es el de garantizar la conservación y mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas, «asegurando los servicios de asistencia al usuario y a la usuaria y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general», tal como lo establece el DNU presidencial.

Todo el proceso será canalizado por Corredores Viales, sociedad estatal creada en el 2017 y cuyo capital social se distribuye entre el Ministerio de Obras Públicas (51 %) y la Dirección Nacional de Vialidad (49 %), y que opera la autopista Riccheri.

Ya el 4 de diciembre pasado, el directorio de Corredores Viales le entregó a Vialidad Nacional una carpeta con las necesidades financieras para atender los trabajos en su zona de concesión a partir de haber absorbido los nuevos corredores viales, en un contexto de prestación de servicios con las restricciones propias de la pandemia de COVID-19 y su impacto sobre la disminución del tránsito y la recaudación por peaje.

En este sentido, y al no haber recibido subsidios o subvenciones del Estado Nacional, el informe de la sociedad estatal estimó un desfasaje operativo entre ingresos y egresos cercano a los $2000 millones para el cierre del ejercicio financiero de este año y el inicio del 2021, incluyendo el impacto proyectado por la asunción de los nuevos corredores viales asignados.

Además, la extinción de los seis contratos PPP dejó pendiente de ejecución diversas obras necesarias para la conservación, mantenimiento y ampliación de capacidad de los corredores viales nacionales, lo cual hace necesario la obtención de nuevas vías de financiamiento.

De hecho, en el DNU se sostiene que extinguidos los acuerdos y dado el avance mínimo de las obras, muy por debajo de los compromisos asumidos por los ex contratistas PPP, «resulta necesario disponer, con la urgencia que el caso amerita, de fondos que permitan solventar las obras y el mantenimiento de los corredores viales bajo el nuevo régimen que se propicia, como parte del Sistema Vial Integrado».

A partir de estos postulados, el DNU también establece cambios a los contratos de fideicomiso que se firmaron bajo el marco de los PPP para poder reasignar recursos provenientes del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y que iban a ser destinados al financiamiento de los contratos firmados por el macrismo. Es decir, las modificaciones se aplicarán en el llamado Fideicomiso de Participación Público-Privada, instrumentado por el Decreto Nº 153/18.

A estos fondos se sumarán los generados por el pago de las tarifas que se aplicarán a los usuarios; los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y las subvenciones, subsidios o transferencias de aportes del Estado Nacional.



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