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Los negociados PRO con las empresas de publicidad |…


En la causa que investiga la contratación irregular de empresas publicitarias durante el gobierno de Mauricio Macri, y por la que están sospechados la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de cuatro sociedades empresarias involucradas en las irregularidades. La decisión del juez se basó en la solicitud del fiscal Jorge Di Lello, para quien alguna de las firmas tenía el certificado fiscal vencido cuando, en 2016, se realizaron las contrataciones sospechadas. Se trata de las mismas empresas que habían participado en las campañas electorales de Cambiemos en 2015.

La causa se inició con una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en base a una investigación preliminar que estableció contrataciones directas a empresas publicitarias cercanas al gobierno de Macri por no menos de 291 millones de pesos. Los hechos implicarían presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Peña, Michetti y el ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco y a otros ex funcionarios, así como a directivos e integrantes de las empresas beneficiadas por la maniobra.

De acuerdo con los elementos recabados, la administración de Cambiemos realizó contrataciones sin concurso que tuvieron como beneficiarias a cuatro sociedades anónimas: Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República. La investigación preliminar de la PIA pudo determinar que desde la secretaría a cargo de Grecco, que dependía de Jefatura de Gabinete, se estructuró “un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”.

Ahora, el juez Di Giorgi, quien quedó a cargo del caso, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario Aura Advertising SA, Power República SA, La Comunidad SA y de Circus BA SA., para avanzar en la pesquisa de los pagos relacionados con las contrataciones irregulares. Una vez levantado el secreto fiscal, se solicitarían a la AFIP los datos sobre la facturación de las empresas en el período investigado.

Luego, el fiscal Di Lello deberá resolver si llama a indagatoria a Michetti, Peña y los demás involucrados.

La maniobra investigada se concretó a través de la modificación, por impulso de la Jefatura de Gabinete, del decreto 984/2009, que otorgaba exclusividad en el desarrollo de la publicidad oficial a la agencia estatal Télam. Ese cambio se intentó legitimar mediante el decreto 978/2016 que firmó la entonces vicepresidenta Michetti, por esos días a cargo del Ejecutivo.

Según fuentes judiciales, para lograr la adjudicación directa de contratos millonarios con empresas vinculadas a Cambiemos se usó “un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable» al caso. Eso le permitió a Peña adjudicar las contrataciones de modo directo, es decir sin concurso de precios y sin permitir la competencia con otras empresas interesadas, que eventualmente hubieran podido ofrecer presupuestos más beneficiosos para las arcas públicas.



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Written by Redacción

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